4 de junio de 2024. El riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país alcanza a 12,7 millones de personas. Así lo recoge el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ presentado este 4 de junio por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Ateneo de Madrid. El estudio de referencia es el primero en mostrar los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética en el conjunto de la población, con especial atención a factores específicos asociados con la generación de pobreza en España, especialmente la vivienda, la precariedad laboral, la brecha de género o tener una discapacidad.
Según el Informe, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa de la tasa AROPE. Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 € al mes por unidad de consumo. Y la situación es, un año más, peor para las mujeres; los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.
Algunos indicadores alertan, a su vez, sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1 % de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, o que casi la mitad de la población (48,7 %) presenta dificultades para llegar a fin de mes. Además, es muy importante el impacto de la pobreza severa, es decir, la población que vive en hogares con ingresos menores a 611 € al mes: mejora en 2023 y prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030, sin embargo, afecta todavía a 3,9 millones de personas.
Pese a lo preocupante de las cifras, EAPN-ES recalca que la situación sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado, que consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa. Además, destacar el papel imprescindible de las pensiones públicas como factor de sostenimiento de la calidad de vida de la población: por sí solas, las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos, es decir, unos 7,8 millones de personas.
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